By El pasado 10 de julio de 2025, decenas de ciudadanos protestaron frente al Congreso Nacional contra una reforma del Código Penal que ha desatado críticas por atentar contra derechos fundamentales, criminalizar la protesta y blindar a las instituciones. Según sectores organizados, no se trata solo de una actualización legal: el proyecto representa un desacato a la justicia, la equidad y la dignidad humana.
Contexto: la reforma que divide al país
La República Dominicana operaba con un código criminal de 1884, ampliamente considerado obsoleto frente a los desafíos modernos. La aprobación de la Ley No. 74-25, promulgada recientemente por el presidente Luis Abinader, fue celebrada desde tribunales técnicos por juristas por incluir tipificaciones como feminicidio, cibercrimen, violencia económica o deepfakes.
No obstante, la reforma ha polarizado opiniones. Para el Colegio de Abogados (CARD), se trata de un paso histórico hacia un sistema más eficiente y moderno. Pero un conjunto de organizaciones sensibilizadas con la protección de derechos lo considera regresivo e inadecuado.
Claves del rechazo ciudadano
1. Exoneración penal de instituciones clave
El proyecto incluye cláusulas que eximen de responsabilidad penal al Estado, municipios, partidos políticos y entidades religiosas. Esto pone en riesgo que se investiguen tragedias como la explosión en San Cristóbal o la caída del techo de una discoteca, donde la institución estatal no podría ser juzgada.
2. Prescripción de delitos graves
Los delitos de corrupción solo podrán investigarse durante un plazo de 20 años, mientras que organizaciones y juristas demandaban que fueran imprescriptibles.
3. Retrocesos en derechos sexuales y reproductivos
La reforma mantiene la prohibición absoluta del aborto, incluso en casos de violación, incesto o peligro para la vida de la mujer. Esto contraviene el sentir ciudadano y expone a mujeres a desigualdades e inseguridad médica.
4. Restricciones en violencia y agresión sexual
El proyecto reduce sanciones por violación o agresión sexual y permite su prescripción; además, minimiza casos en que la agresión sea cometida por la pareja, lo que refuerza la impunidad.
5. Ataques a la libertad de expresión y protesta
Se contempla sancionar gestos “ofensivos” hacia funcionarios incluso en espacios privados, y tipificar como espionaje el compartir documentos con entidades extranjeras, con penas de hasta 30 años.
6. Exclusión de grupos vulnerables
La propuesta excluye expresamente la protección penal contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género.
Voces y reacciones
Desde la Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres, convocantes de la manifestación del 10 de julio, se denunció que el nuevo Código “suprime derechos básicos y legitima la exclusión”.
Expertos como el abogado constitucionalista Olivo Rodríguez Huertas lo calificaron como una “agresión legislativa a la dignidad humana”, advirtiendo que utiliza espacios de cierre legislativo para imponer normas controversiales.
Por su parte, Amnistía Internacional alarmó acerca de la criminalización absoluta del aborto y la regresión en derechos de mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, exigiendo enmiendas antes de entrada en vigor en 2026.
Conclusión y llamado a la reflexión
El país enfrenta una encrucijada histórica: avanzar como una nación inclusiva y respetuosa de los derechos humanos, o retroceder en nombre de seguridad y modernización jurídica. Este proyecto de Código Penal —promulgado pero aún en transición— representa mucho más que una ley; simboliza el tipo de República que dominicanos y dominicanas quieren construir.¿Justificada modernización o erosión democrática? ¿Progreso o regresión?
El pueblo dominicano merece una respuesta clara, y el debate debe continuar hasta que ese nuevo marco refleje justicia, protección y equidad para todas y todos.
